Por Verónica Xhardez
Lic. en Antropología Sociocultural (UBA), Mag. en Ciencia Política y Sociología (Flacso-Arg.) y Dra. en Ciencias Sociales (UBA). Activista por el Software y el Conocimiento Libre en la Asociación Civil Solar – Software Libre Argentina (www.solar.org.ar).
La filosofía que persigue
la liberación de todo el software del mundo se basa en la defensa de los
derechos humanos de acceso a la información, a la cultura, a la libre
expresión, a la educación y a la inclusión de parte de los ciudadanos.
Que el Estado adopte esta postura permitirá responder favorablemente a
la necesidad de generar una alternativa a favor de la soberanía e
independencia tecnológica de los países de la periferia, asegurando,
entre otras, su autonomía en materia de información.
Este
artículo es el resultado de las presentaciones sobre Software Libre y
Soberanía Tecnológica realizadas durante 2014 en diferentes congresos y
foros (varias junto a otros activistas como Daniel Coletti y Laura
Marotias); de retomar concepciones elaboradas en mi tesis de maestría
2011, y de participar en debates con otros miembros de SoLAr - Software
Libre Argentina. Por supuesto, ninguno de ellos es responsable de lo
expresado en este artículo.
Aunque no lo sepamos, utilizamos Software Libre todo el tiempo: no
sólo cuando elegimos alguna popular aplicación o sistema operativo (como
los casos de Mozilla-Firefox o Ubuntu Linux), sino siempre que usamos
Internet. Más del 70% de las máquinas de los proveedores de distintos
servicios de esta gran red de redes utilizan este tipo de software en
algún nivel.
Pero ¿qué es el SL y que implicaciones tiene su utilización frente a
los retos que supone hoy la soberanía tecnológica en países como la
Argentina?
Este breve artículo se propone reflexionar sobre la contribución de
la adopción de Software Libre en el Estado desde sus múltiples
dimensiones, en el marco de los procesos regionales en favor de la
soberanía y contribuir a la identificación de los desafíos que nos
esperan sobre estas cuestiones.
Dimensiones del Software Libre
El Software Libre (SL) se define, según la Free Software Foundation,
creadora del concepto, a partir de las llamadas cuatro libertades, que
son –en otras palabras– cuatro derechos que se garantizan a los usuarios
a través de la forma en que los programas se licencian:
* Usar el software para cualquier propósito (incluyendo los comerciales).* Estudiar y modificar el software (para lo que es necesario el acceso al código fuente, es decir, conocer las sentencias inteligibles que el programador escribe en un determinado lenguaje y que luego, previo proceso de compilación, se presentan como software sólo interpretable por las computadoras).* Copiar y compartir el programa sin infringir la ley.* Distribuir las mejoras realizadas al publicarlo nuevamente bajo las mismas condiciones.
Desde esta primera dimensión el SL es considerado un programa de
computadora útil para resolver ciertas necesidades de los usuarios y
cuya licencia de uso (acuerdo) permite que se cumplan todas las
libertades. La licencia es el elemento que lo distingue objetivamente de
aquellos otros programas no libres –llamados propietarios o privativos–
que no respetan alguno de estos derechos. Consecuentemente, los
distintos tipos de software no se diferencian por la tecnología que
aplican, sino por las licencias que emplean para determinar el alcance
de los derechos de los usuarios sobre esa tecnología.
Tomando en cuenta una segunda dimensión, el SL es considerado mucho
más que una tecnología licenciada de una determinada manera, puesto que a
su alrededor se construye un movimiento social y político –que
trasciende los límites de las comunidades que lo desarrollan
colaborativamente– cuyo propósito general es la liberación del
conocimiento en todas sus formas, incluyendo al software y su libre uso y
producción.
Desde esta perspectiva las mencionadas cuatro libertades/derechos
superan su alcance individual para dar lugar a una filosofía compartida
que persigue la liberación de todo el software del mundo y cuyos
argumentos se basan también en la defensa de los derechos humanos de
acceso a la información, la educación y la cultura. Dentro de este
movimiento se insertan además aquellos colectivos que reconocen en el
uso de SL la única forma viable de mantener el control y seguridad sobre
la información que los programas gestionan, por su capacidad de auditar
el código fuente. Estos espacios políticos muchas veces se posicionan
en lucha frente a los monopolios que, a través de sus licencias,
cercenan los derechos de los usuarios de software y tecnología.
Una última dimensión a considerar es la económica. Desde esta
perspectiva el SL también construye formas o modelos de generación de
valor, ya que ni su definición, ni su filosofía, ni las luchas del
movimiento prohíben la utilización comercial del mismo ni el lucro
siempre que se respeten las libertades mencionadas. Así, las
posibilidades de ganancia están dadas por la venta de servicios como la
implementación, el soporte y mantenimiento, el desarrollo de módulos a
medida, la capacitación, etcétera.
Es justamente la llamada libertad 0 (“usarlo para cualquier fin”) la
que habilita el vínculo directo del SL con el capitalismo contemporáneo,
a la vez que deja a la vista la complejidad de la definición inicial
considerando las distintas posiciones que, dentro del mismo movimiento,
se encuentran frente a los modelos actuales de producción y consumo.
Soberanía(s) y soberanía tecnológica
Ser soberano, en principio, significa contar con un poder superior a
cualquier otro en el sentido en que nada está por encima de ese poder.
En las democracias el poder se encuentra en manos del pueblo (o de sus
representantes, a quienes se lo delega) y la soberanía se presenta como
una condición de los propios Estados.
Sin embargo, el concepto de soberanía es dinámico y sus distintos
sentidos fueron desarrollándose en torno a diferentes aspectos a lo
largo de la historia, conformando un proceso de construcción de
soberanías (en plural). Aquella soberanía territorial de inicios del
siglo XIX, necesaria en los orígenes de la construcción del Estado, fue
con el tiempo y el avance de las sociedades y sus vínculos con otras,
dando lugar a la soberanía como una ampliación de los derechos de los
propios pueblos. Algunos ejemplos actuales de esta concepción son la
búsqueda de la soberanía hidrocarbúrica (con la recuperación de YPF),
financiera (frente a los reclamos de los llamados fondos buitre) o
satelital (con el lanzamiento de Arsat-1).
Respecto de la soberanía tecnológica (ST), entendemos que puede
definirse desde dos perspectivas: una positiva, relacionada con la
capacidad de los Estados, y otra contraria al concepto de neutralidad
tecnológica.
Por la positiva, la ST se presenta como la posibilidad (o la
obligación) del Estado –del que formamos parte– de tener pleno control
de la tecnología que utiliza. Esto es de especial interés en el contexto
actual del capitalismo informacional contemporáneo, en el cual el
software (en tanto herramienta de gestión de datos e información) se
vincula no sólo a las diferentes industrias, sino también a la mayoría
de las prácticas relacionadas con los mecanismos actuales de
comunicación.
En relación a esto último, la ST implica además la capacidad de
conocer qué hace el software que el Estado (y sus representantes en
nuestro nombre) utiliza en los procesos de administración y manejo de
datos, y cómo a través de este control defiende los derechos de los
ciudadanos frente a otros derechos, por ejemplo, los económicos de las
corporaciones o los intereses de otros Estados.
Sin embargo, como comentábamos, existe el abordaje de la ST por
oposición a otro concepto cuyo sentido fue mutando según los intereses
de quienes se lo apropiaban: el de neutralidad tecnológica. Mal
entendido, el principio de neutralidad en la adopción de la tecnología
de parte de los Estados, confunde adrede el derecho a competir entre
firmas que ofrecen la misma tecnología sin favorecer a ninguna, con las
condiciones de la adquisición de software según las necesidades del
propio Estado (que son requerimientos previos).
Si lo que diferencia al SL del que no lo es son las condiciones y los
derechos del usuario sobre su utilización, lo que está en juego es una
decisión que no es tecnológica sino política. En el caso del software,
cuando los Estados confunden la tecnología con los requerimientos sobre
los programas (tales como el acceso al código fuente y su modificación
que habilite, a su vez, independencia de proveedores), este deja en
manos del lobby del más fuerte la decisión política por la que debiera
responder en favor de los ciudadanos y sus derechos. Situaciones como
esta nos recuerdan que la tecnología no puede entenderse como neutral,
porque su aplicación siempre se desarrolla en el marco de relaciones de
poder y de intereses que atraviesan los escenarios de su utilización.
El contexto regional
Decíamos que la construcción de las diferentes perspectivas de la
soberanía y sus procesos se dan en un determinado contexto. En este
sentido, existe un escenario histórico/político regional actual que
acompaña los avances en materia de SL realizados en América latina y
cuyos argumentos incluyen la búsqueda de la ST tal como la definimos.
Muy resumidamente y de forma cronológica, podemos mencionar a Brasil,
país pionero que desde el año 2000 y articulando movimiento social,
empresas y Estado fue definiendo la utilización del SL como una política
pública. Por su parte Venezuela, como respuesta al sabotaje de PDVSA en
diciembre de 2002, emitió en 2004 el decreto 3990 “para establecer
(...) de manera oficial y obligatoria, el fomento, la adopción y uso del
software libre para la administración pública” en favor de la
independencia tecnológica.
En Ecuador, a inicios de 2008, el presidente Correa firmó el decreto
1014 que establece como política nacional el uso de SL. “Esto es un
asunto de soberanía: supone una mayor seguridad informática, el libre
acceso a datos y programas, un ahorro en el costo de licencias, la
generación de empleo para nuestros profesionales, y significa, además,
haber elegido las tecnologías que se tienen a mano y que nos alejan del
uso y de la dependencia de herramientas informáticas producidas por las
grandes transnacionales”, diría el mandatario en la apertura del evento
Campus Party de 2012.
En Paraguay, hasta la presidencia de Lugo, fueron diversos los
esfuerzos para la incorporación de SL como política pública, y en el
caso de Uruguay y Bolivia ambos países cuentan desde 2013 con normativas
en favor del uso y desarrollo de SL en el Estado. El primero con una
ley articulada de SL y Estándares Abiertos; el segundo con artículos
clave en favor de este tipo de software incluidos en su ley de
comunicaciones.
En la Argentina existen proyectos de ley de adopción de SL desde el
año 2000 que fueron cosechando más o menos apoyo según las
presentaciones y contextos políticos. Actualmente, si consideramos
también los relacionados con Estándares Abiertos, existen por lo menos
tres proyectos en danza a nivel nacional.
A nivel provincial, Santa Fe y Río Negro ya promulgaron sus leyes en
favor del SL pero en ambos casos aún se encuentra pendiente su
reglamentación. Existen además normativas a nivel de gobiernos locales,
algunas exitosas como el caso de Rosario que incorporó la participación
de cooperativas locales para el desarrollo del SL del municipio que
luego fue liberado y reutilizado por otros del país. Asimismo, existen
también resoluciones de organismos que benefician el uso de SL frente al
que no lo es, con distinto grado de compromiso y de éxito.
Aportes del software libre a la soberanía tecnológica
Teniendo en cuenta las características propias del SL y considerando
que la ST se construye a partir de las decisiones políticas,
destacaremos aquí algunos de los beneficios de su adopción en favor de
esta soberanía, a partir las dimensiones del SL mencionadas al inicio,
pero a sabiendas de que todas aquellas se encuentran vinculadas.
Desde la primera dimensión (sus libertades), el SL promueve el
conocimiento total del funcionamiento e intervención del software y
permite el máximo de funcionalidad y seguridad; a la vez que ofrece la
posibilidad de mejorarlo continuamente aumentando su calidad y
garantizando la perennidad de la información que administra. Es por ello
que, desde las necesidades de seguridad nacional y cuidado en el manejo
de los datos de los ciudadanos, las características propias de este
software son esenciales para que el Estado pueda cumplir con sus
funciones sin arriesgarse a los accesos indeseados a datos
confidenciales, la manipulación de datos por terceros o la imposibilidad
de acceso a la información (en relación con la antedicha perennidad).
Desde la dimensión socio-política, el SL ofrece una alternativa a
favor de la soberanía e independencia tecnológica de los países de la
periferia que, como la Argentina, deben asegurar su autonomía en materia
de información (uno de los recursos sociales en juego en el capitalismo
informacional actual) a través de la construcción de respuestas locales
a problemas locales. Huelga decir que la libre circulación del
conocimiento y los derechos humanos asociados al acceso a la cultura,
son la base de su potencial emancipador.
Desde su dimensión económica, encontramos la reutilización del código
fuente disponible como una característica que incrementa la
productividad del trabajo y la sustentabilidad de su propuesta. Por otro
lado, la forma de producir valor apunta a una redistribución
descentralizada de unidades productivas que pueden trabajar el mismo
“producto” y, por ende, no sólo permite equilibrar los niveles de
ingresos del sector entre proveedores, sino también evitar la formación
de monopolios. Este último punto es esencial para el desarrollo local a
partir de la incorporación de firmas y profesionales del país.
Tal
situación alcanzada por el acceso al código fuente –imprescindible para
el cumplimiento de las cuatro libertades del SL– permitiría también la
competencia entre firmas en pos de mejoras en la calidad, incluso en el
marco de la competitividad internacional que podría evitar, por ende, la
fuga de divisas al comprar licencias de uso foráneas en moneda
extranjera.
Por último, si entendemos las soberanías actuales como una ampliación
de derechos de los pueblos, la elección del SL en los Estados (a
nuestro juicio la única posible) permite responder favorablemente con la
demanda de los derechos de acceso a la información, a la cultura, a la
libre expresión, a la educación y a la inclusión de parte de los
ciudadanos. Estos derechos se encuentran enmarcados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que contempla tanto los derechos
civiles y políticos de 1966 como los indicados en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del mismo año;
indivisibles y con jerarquía constitucional en la Argentina.
Conclusiones: avances, retrocesos y desafíos
Desde que comenzamos con el trabajo de difusión del SL en la
Argentina en 2003, nuestra organización pudo presenciar y participar de
las transformaciones de los últimos once años. Desde esta perspectiva,
es notable el conocimiento que existe hoy –aunque no siempre profundo–
sobre el SL en general e incluso sobre algún sistema operativo o
aplicación en particular. En muchos foros, el SL es algo de lo que se
puede hablar sin explicar, y esto en los inicios de nuestra tarea no
sucedía.
Tampoco fue fácil al comienzo de este camino la incorporación de la
idea del SL asociado a lo político, y el movimiento tardó años en
reconocer que así como la tecnología no es neutral, las organizaciones
que defienden al SL no pueden hacerlo desde una mirada prístina o pura:
tienen principios, tienen espacios de acción, tienen vínculos con otros
colectivos, y se articulan según sus posiciones en el mundo diverso de
las comunidades que conforman un movimiento social complejo.
Actualmente, la mirada política del SL es compartida por gran parte del
movimiento y muchas de sus acciones se orientan hacia el objetivo de
transformar y/o mejorar las políticas.
Sin embargo, cabe admitir que en la Argentina aún hay muchos espacios
en los cuales esa posibilidad de ST se desperdicia: el caso del Plan
Conectar Igualdad y también del Plan Sarmiento de CABA son claros
ejemplos ya que, al incorporar en las máquinas entregadas a los alumnos
dos sistemas operativos (uno libre y otro no), presentan una postura de
“neutralidad” que deja en manos de alumnos y docentes una decisión que
es en primera medida política. Sin embargo, debemos reconocer el
esfuerzo y el éxito del equipo de Huayra Linux (la distribución de
GNU/Linux desarrollada para las máquinas del primer plan mencionado),
que trabajan con el objetivo político de la ST, además del objetivo
técnico de realizar un buen sistema operativo a medida.
Por último, no podemos dejar de mencionar las limitaciones propias de
las relaciones de producción que se desarrollan en el marco del
capitalismo informacional contemporáneo en el que la información y el
conocimiento están en disputa: las discusiones sobre el copyright, las
patentes, los organismos supranacionales relacionados con el comercio y
el control, la cuestión de las fronteras territoriales en el marco de
una Internet que las atraviesa todo el tiempo, son problemáticas que
constriñen en parte el alcance de la soberanías.
Los desafíos, entonces, se presentan en diversos frentes y niveles.
A un nivel macro, mencionamos estos retos en el párrafo anterior: la
toma de decisiones políticas en favor de la ST, considerando las
limitaciones supranacionales en el marco del capitalismo actual.
Pero también es un desafío reconocer el alcance de la ST al
considerar cómo se construyen las redes por fuera de las tradicionales
soberanías territoriales, y –muy especialmente– al considerar el destino
físico de los datos que queremos proteger. Más allá del software
utilizado para su gestión: ¿dónde se guardan los datos de los ciudadanos
que gestiona el Estado? Esto es importante en la medida en que
diferentes leyes actúan sobre los territorios de los países centrales en
los cuales se aloja la mayoría de la infraestructura física de
Internet, pudiendo afectar la información guardada en esos servidores.
Desde el nivel regional, es un reto para la Argentina profundizar los
vínculos regionales que posicionen a América latina (aun con sus
heterogeneidades) en un lugar en donde la ST sea una preocupación
política, promoviendo normativas y reglamentando las existentes de una
manera apropiada para el éxito de su adopción. Es decir: considerando
los plazos necesarios, la capacitación, la inclusión del SL en
currículas de distinto nivel, y también la concientización de los
usuarios sobre la importancia de su uso y toma de decisión.
También, en relación a la soberanía como un proceso de inclusión de
derechos ciudadanos, es importante que el Estado –a partir del ejercicio
de la ST– dé preeminencia a la defensa de los derechos de las personas
frente a los intereses de corporaciones y/o países, cumpliendo su
función en esta materia.
Por último, es un desafío generar las condiciones sociales para la
apropiación con sentido de las tecnologías, en este caso del software,
de parte de todos/as. De esta forma, la adopción del SL contribuye a que
la tecnología sea realmente un elemento de inclusión (considerada como
algo superador del solo acceso) por medio de la cual se puedan ir
zanjando las desigualdades que, según entendemos, no son producto de
“brechas digitales” sino de accesos asimétricos a recursos que ya
generaron brechas socioeconómicas previas.
Así como alguna vez dijimos que no es posible acceder a una verdadera
“inclusión digital” a través del uso de software propietario (porque no
permite una apropiación real, y reproduce desde su modelo las
desigualdades), consideramos que en materia de la elección soberana de
los Estados sobre el tipo de software a utilizar no existe la soberanía
tecnológica si no hay una decisión política en favor del Software Libre.
Fuente: Voces en el Fenix.
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