♠ Posted by Mario in ecuador at 9:42
La estrategia de migración a software libre en Ecuador vuelve a la palestra. La sede legislativa en Quito fue el escenario del Encuentro Internacional de Software Libre, que se realizó la semana anterior, con la participación de expertos locales, extranjeros y representantes de entidades estatales.
Este interés ya fue impulsado el 10 de abril de 2008 mediante el Decreto Ejecutivo No. 1014, donde se dispuso el uso de software libre en los sistemas y equipamientos informáticos del sector público, con el fin de alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos.
En este documento se explica que el software libre son los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas por cualquier persona.
A partir de este decreto, Ecuador pasó a ser el tercer país Latinoamericano en aplicar políticas en favor del software libre. La iniciativa puede ahorrar al Estado millones de dólares que son usados en comprar licencias de corporaciones internacionales como Microsoft.
Según cifras de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, se estima que la compra de un sistema operativo más un paquete de suite de oficina, ambos con una licencia comercial, cuestan entre $ 300 y $ 600 por cada computadora, y ese gasto debe repetirse cada 2 o 3 años para la actualización del programa.
El Estado, a través de sus autoridades, ha expresado su inquietud sobre los peligros de no tener soberanía tecnológica, así como su interés de socializar las formas alternativas a los derechos de autor.
Uno de los primeros expositores en la ‘Minga por la Libertad 2014’, coorganizado por la Asamblea Nacional y la Asociación de Software Libre de Ecuador (ASLE), fue Hernán Núñez, asesor de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El funcionario explicó que el anteproyecto del Código de la Economía Social del Conocimiento y la Innovación (COESC+i), que será enviado al Parlamento en enero próximo, reemplazaría la Ley de Propiedad Intelectual. La norma contiene 800 artículos.
En estos 2 años de elaboración, se consideró fundamental proponer la obligatoriedad de que las entidades públicas tengan software libre. En el aspecto académico, el código incentiva la generación de conocimientos de manera colaborativa y se garantiza su socialización.
Al momento, una de las pocas instituciones públicas que usan esta herramienta es la Asamblea Nacional. Lo aplica desde hace 7 años.
Entre los aspectos positivos del software libre es que se adapta a las necesidades de la institución. Además el programa no es vulnerable a posibles ataques externos y es allí cuando se conecta con el concepto de soberanía tecnológica.
Rafael Bonifaz, representante de ASLE, recordó la preocupación mundial porque las empresas que brindan servicio gratuito en internet están espiando a sus usuarios. El software libre permite defenderse de esas amenazas. Un ejemplo es el sabotaje informático que sufrió PDVSA a finales de 2002 y principios de 2003.
A través del software libre, las instituciones del Estado se pueden beneficiar de las mejoras que se hagan a este programa contratado. Sobre todo porque cualquier usuario puede mejorarlo ya que no tiene licencias.
El desarrollo de modelos de negocios derivados del software libre se atribuye principalmente a una significativa reducción de costos derivados de las licencias y a un menor precio de los productos en el mercado para el consumidor final. Un programa no generará dependencia tecnológica y eso permite el normal desarrollo de las actividades.
Según datos de una investigación realizada por la Senescyt sobre modelos de negocio de las empresas de software en Ecuador, éstas tienen una tasa de fracaso menor al 4%. El informe señala que esto representa una ventaja potencial para los emprendedores con bajos recursos y desarrolladores independientes, quienes realizan aportaciones de código al software libre desde una edad muy temprana.
Actualmente, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) tiene la plataforma www.minka.gob.ec que promueve proyectos de software libre. De acuerdo a Fernando Febres Cordero, coordinador administrativo y financiero de la entidad, el principal problema es la mentalidad de los funcionarios, que no usan la herramienta. Sin embargo están trabajando para que el 100% de las instituciones públicas tengan el software libre.
Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea, explicó que cuando reciban de manera formal el Código de Conocimiento se realizará la socialización del mismo.
El 98% de las patentes son de extranjeros
La forma en que se gestiona la propiedad intelectual en el país también es de preocupación. De acuerdo a datos de la Senescyt hasta 2013, en el país el 98% de las patentes solicitadas al IEPI son de extranjeros y apenas el 1,97% son de ecuatorianos.
Hernán Núñez, asesor de la Senescyt, explica que la tecnología que se queda por patente no es generada en Ecuador.
Del total de solicitudes, el 60% pertenece a la industria farmacéutica es decir que la gran mayoría de invenciones que se protegen en el país son extranjeras y la tecnología médica está en manos de una empresa.
Según Núñez esto impide el acceso a la salud porque mientras haya una patente no se pueden fabricar genéricos, que son más baratos.
El funcionario dijo que se debe empezar a elaborar productos y servicios con alto valor añadido y se debe cambiar la forma de gestionar la propiedad intelectual.
La actual Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 1998, incorpora altos estándares de protección de los derechos de los titulares y no tiene mayores exposiciones a favor de los usuarios, informaron las autoridades.
Datos
Durante el evento denominado Minga por la Libertad 2014, existió la expectativa de la conferencia del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, vía internet.
Julian Assange, durante su exposición, la cual fue traducida simultáneamente, dijo que Ecuador y Latinoamérica deben optar por el software libre por seguridad nacional y por soberanía.
Las conferencias tuvieron una gran acogida de ciudadanos que asistieron de forma simultánea en los salones José Mejía Lequerica y de los Presidentes, en la Asamblea Nacional.
Otros expositores fueron Marco Ciurcina, abogado italiano con experiencia en derecho en tecnología de la información. Además, Jérémie Zimmerman, de Francia, fundador de ‘La Quadrature du Net’ organización orientada a la defensa de las libertades en internet. Otro de los expositores fue Hellekin Wolf, de Argentina, entre varios.
Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, dijo que el anteproyecto del Código del Conocimiento estuvo publicado en la web hasta ahora. Aclaró que el software libre permite modificarlo en la medida que lo vaya utilizando.
En términos de aprendizaje, la legisladora acotó que se podrá desarrollar un módulo para algún aplicativo específico. Ponce también destacó la evaluación de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural.
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