♠ Posted by Mario in sucre at 17:10
Convenio. Nélida Sifuentes firma el convenio con las autoridades de Fautapo y de la universidad. Yuvert Donoso.
Desde el lunes funcionará en Sucre la primera
empresa estatal de Software Libre de Bolivia, luego de la firma de un
convenio entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la fundación
Fautapo, además del apoyo de la senadora oficialista Nélida Sifuentes.
El rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez, informó que su
institución cedió un espacio de su campus para el funcionamiento de la
empresa, y le dotó de toda la infraestructura tecnológica para el
desarrollo de investigación e innovaciones.
Agregó
que al ser Sucre sede del Órgano Judicial, la empresa firmará convenios
con sus oficinas para beneficiarlas directamente con el trabajo que se
desarrolle; no obstante, aclaró que la casa de estudios superiores será
el primer cliente para generar un software destinado a bibliotecas
virtuales.
También se iniciaron contactos con
entidades locales, como la Empresa Local de Aguas Potables de Sucre
(Elapas), para desarrollar un software que mejorará su sistema de
administración.
Por su parte, el gerente general de
la Fundación de Educación para el Desarrollo (Fautapo), Andreas Preisig,
dijo que el aporte de la entidad se traduce en la contratación de cinco
especialistas en desarrollo de programación de sistemas, quienes
comenzarán a trabajar desde el lunes en Sucre.
La
senadora Sifuentes expresó su satisfacción por haber llegado a un
acuerdo para consolidar a Sucre como sede de la Empresa Nacional de
Software Libre “Juana Azurduy de Padilla”. Aseguró que este
emprendimiento tiene el respaldo del Gobierno y del propio presidente
Evo Morales.
La asambleísta indicó que la creación de
la empresa está contemplada en la Ley 164 de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y Comunicación, y en el decreto
reglamentario. En ese marco, se establece un tiempo limitado para la
migración de las entidades del Estado al software libre.
Asimismo, señaló que actualmente el Estado paga cerca de $us 70
millones por los derechos del software que utilizan las instituciones.
Pero a partir de la nueva empresa, según Gutiérrez, el Gobierno y el
sector privado tendrán la opción de comprar los sistemas elaborados en
el país.
Fuente: La Razón.
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